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El Senado de la República celebró el quinto y último conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde legisladores, especialistas y representantes abordaron los temas protección de los derechos de las audiencias, las atribuciones de las defensorías y el funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima (Morena), subrayó que estos espacios buscan recoger de manera transparente y sustantiva las observaciones y propuestas de todos los actores involucrados, con el objetivo de enriquecer el contenido de la iniciativa.
En su intervención, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez (Morena) lamentó que actualmente las defensorías de las audiencias sólo operen en medios públicos, y señaló la necesidad de establecer mecanismos obligatorios para que también los medios comerciales respeten los derechos del público.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) advirtió que el Registro Nacional de Usuarios carece de contrapesos judiciales, lo cual representa un riesgo para la protección de los datos personales de los ciudadanos, a pesar de las intenciones de mejorar la seguridad.
Por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Carolina Viggiano Austria hizo un llamado a revisar la propuesta legal para evitar confusiones entre opinión e información, ya que, advirtió, esto podría vulnerar los derechos de las audiencias.
El senador Luis Armando Melgar Bravo (PVEM) sostuvo que la legislación es perfectible, y cuestionó la amplia discrecionalidad otorgada en el dictamen a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para intervenir en los derechos de las audiencias.
A nombre de Movimiento Ciudadano, la senadoraAlejandra Barrales Magdaleno enfatizó la necesidad de construir una ley que no afecte a la población, e invitó a incorporar principios como la asimetría regulatoria para proteger a los sectores más vulnerables del ecosistema digital.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Hilda Saray Gómez González, urgió a que se establezcan mecanismos claros de protección, y resaltó la importancia del seguimiento efectivo de quejas y recomendaciones.
Leopoldo Maldonado de Artículo 19 consideró preocupante el diseño institucional de la Agencia, señalando que su independencia es crucial para evitar que las concesiones se conviertan en moneda de cambio político.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, se refirió a lograr una equidad regulatoria entre los medios tradicionales e Internet, al considerar que la sobrerregulación actual atenta contra la libertad de expresión.
Kathia D’ Artigues Beauregard de Comunicación para la Inclusión advirtió que el proyecto no garantiza una accesibilidad plena para personas con discapacidad, al limitar las obligaciones de inclusión a solo uno de los mecanismos, subtitulaje o lenguaje de señas y omitir el diseño universal en portales públicos.
Lenin Martell Gámez, defensor de las audiencias del SPR, propuso definir con precisión los conceptos de “servicio público de radiodifusión” y “alfabetización digital” para evitar ambigüedades legales y asegurar la integración de estos derechos en el marco normativo.
Finalmente, el académico José Agustín Pineda Ventura, de la Universidad Anáhuac, llamó a proteger los derechos de los usuarios sin importar la plataforma a través de la cual acceden a los contenidos, señalando que los mensajes de radiodifusión e Internet deben recibir igual trato regulatorio.
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